FACIL LECTURA AMPARO EN REVISION 159/2013 INTERDICCION

 

amparo EN REVISIÓN 159/2013

 

quejoso Y RECURRENTE: RACR

 

 

 

 

MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDíVAR LELO DE LARREA

 

 

SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ

 

 

 

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil trece.

 

 

 

Visto Bueno Ministro

 

 

SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL

 

 

Cotejo

 

 

Previo a la exposición de la sentencia en formato “tradicional” recaída al amparo en revisión promovido por RACR, se procede a exponer la misma bajo el denominado formato de lectura fácil, tal y como lo solicitó el propio quejoso en su demanda de amparo, así como en el recurso de revisión que ahora se resuelve:

 

 

 

 

 

 – Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón.

 -En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad.

 -El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así.

 -Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable.

 -Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. 

 -Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. 

 -Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude.

 -En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre tí mismo.

 -El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus pertenencias.

    -Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo. 

 

 

 

 

 

Elaboración de la sentencia en formato de lectura fácil

 

Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un importante desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente europeo.

 

Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas para facilitar la lectura. En las mismas se indica que acorde a las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad.

 

Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible.

 

El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra basado en su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH).

 

Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. 

 

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la estructura “tradicional” de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta. En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de asperger y se le ha diagnosticado un nivel de “madurez” de 6.6 a 6.11 años. 

 

Una vez asentado lo anterior, esta Primera Sala procede al desarrollo “tradicional” de la sentencia recaída al presente amparo en revisión:

 

 

S E N T E N C I A

 

 

Recaída al amparo en revisión 159/2013, promovida por RACR.

 

 ANTECEDENTES

 

 

 

Hechos que dieron origen al presente asunto.

 

Los señores ACR y LRG contrajeron matrimonio el 24 de noviembre de 1981 y establecieron su domicilio conyugal en la Ciudad de México.

 

Unos cuantos años después y fruto de dicho matrimonio, el 24 de septiembre de 1988 nació un varón, al cual llamaron RACR. Al momento de su nacimiento, RACR presentó una severa falta de oxigenación, por lo que requirió reanimación cardiopulmonar, situación que afectó su desarrollo neurológico.

 

A lo largo de su infancia, RACR mostró una inteligencia limítrofe, teniendo una personalidad –a juicio de su madre– tímida, distraída, inocente, con gustos infantiles y con una predilección a jugar con niños más jóvenes que él.

 

Debido a lo anterior, en 2004, cuando RACR contaba con 15 años de edad –al terminar sus estudios de nivel secundaria–, sus padres lo llevaron al Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, a efecto de que se le realizaran los estudios psicológicos que fueran pertinentes.

 

En marzo de 2004 se le efectuaron diversas pruebas psicológicas, las cuales arrojaron como resultado que RACR tenía un nivel de “madurez” de 6.6 a 6.11 años. Dichos datos produjeron como consecuencia que en julio de 2004 se le diagnosticara síndrome de asperger. Es necesario indicar que los datos contenidos en tal estudio nunca fueron combatidos o cuestionados por el quejoso.

 

En el ámbito de la psiquiatría, el síndrome de asperger es definido como una alteración en las interacciones sociales, caracterizada por un comportamiento ingenuo, desapegado e introvertido de la persona, misma que cuenta con dificultades para comprender los sentimientos de los demás, así como para interpretar las claves sociales no verbales. Adicionalmente, dicho síndrome se identifica por la repetición de ciertas conductas, sin que lo anterior se refleje en un retraso en el uso del lenguaje o de las capacidades motrices.

 

Juicio de interdicción.

 

El 26 de febrero de 2008, LRG compareció en la vía de jurisdicción voluntaria, a efecto de solicitar que se declarara en estado de interdicción a su hijo RACR, quien en ese entonces contaba con 19 años de edad. Dicho asunto fue del conocimiento del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal.

 

Con motivo de lo anterior, el 12 de mayo de 2008 se llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento médico, misma que fue llevada a cabo por los médicos JCHG y LAGC, de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Ambos psiquiatras coincidieron en que RACR presentaba una inteligencia limítrofe, ante lo cual requería apoyo y supervisión de un adulto, pues tenía restricciones para poder desenvolverse en los mismos términos que alguien de su edad.

 

El 9 de julio de 2008 se realizó la segunda audiencia de reconocimiento médico, en la cual intervinieron los médicos JCGHG y RGS, de la Subdirección Pericial del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Tales médicos concluyeron que RACR presentaba síndrome de asperger, mismo que es crónico e irreversible, y le incapacitaba para conducirse en los actos de su vida civil y jurídica.

 

El 15 de agosto de 2008, los padres de RACR, así como la Agente del Ministerio Público, manifestaron su conformidad con los reconocimientos médicos practicados hasta ese momento, por lo que el 20 de agosto de 2008, el juez dictó resolución en la cual declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y, en consecuencia, declaró en estado de interdicción a RACR, y designó como tutora a su madre LRG y como curador a su padre ACR.

 

Casi 3 años después, el 23 de junio de 2011, los padres del quejoso le informaron a éste, que habían realizado los trámites necesarios para que se le declarara en estado de interdicción, pero le ofrecieron su apoyo para emprender cualquier acción legal que estimara pertinente. En tal sentido, el 13 de julio de 2011, la madre del quejoso le proporcionó copia certificada de la resolución en la cual se estableció el régimen de interdicción, a efecto de que conociera el contenido y alcances de la misma.

 

Demanda de amparo indirecto.

 

Debido a lo anterior, RACR promovió juicio de amparo indirecto, al considerar que los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal, son contrarios a los numerales 1, 3 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 4, 5, 8 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Las disposiciones impugnadas señalan lo siguiente:

 

Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

 

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:

 

II. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puede gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla.

 

En torno a tales artículos, el quejoso formuló los siguientes conceptos de violación:

 

Los artículos combatidos violentan el reconocimiento de la personalidad, capacidad jurídica y dignidad humana. A juicio del quejoso ello es así, pues atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y teleológica del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe concluirse que el reconocimiento a la personalidad incluye tanto el ser titular de derechos, así como la posibilidad de que el individuo los ejerza por su propia cuenta, situación que no permite el estado de interdicción en el Distrito Federal.

 

El diseño normativo del estado de interdicción en el Distrito Federal, violenta la obligación de establecer salvaguardas adecuadas y efectivas acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues acorde a dicho instrumento internacional, figuras jurídicas como la interdicción siempre deberán respetar los derechos, voluntad y preferencias de la personas, deberán encontrarse exentas de influencias indebidas, deben ser proporcionales y adaptadas a la persona en concreto, y deben aplicarse en el plazo más corto posible, ello mediante la aplicación de exámenes periódicos por parte de una autoridad imparcial.

 

Por otra parte, a juicio del quejoso, el estado de interdicción aplicado en su persona violenta el principio de igualdad. Ello en virtud de que se le dio el mismo tratamiento jurídico que al resto de personas que se encuentran en estado de interdicción, sin realizar una distinción acorde al grado de discapacidad que posee. 

 

Así, el quejoso considera que las disposiciones combatidas son discriminatorias, pues si bien las mismas persiguen un fin legítimo, consistente en la protección de las personas con discapacidad, lo cierto es que no son proporcionales, pues se restringen de forma excesiva los derechos de tales personas, al impedirse de forma absoluta que las mismas ejerzan su voluntad. Por ello, tales normas son discriminatorias, al estigmatizar a las personas con discapacidad mediante la generación de estereotipos.

 

Trámite del juicio de amparo indirecto y su correspondiente resolución. 

 

Mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda y ordenó su registro bajo el número 603/2011

 

Seguidos los trámites respectivos, el 25 de septiembre de 2012, el Juez de Distrito dictó la sentencia correspondiente, mediante la cual, por una parte negó el amparo por lo que ve a los artículos del Código Civil para el Distrito Federal que fueron combatidos y, por otra parte, concedió el amparo al considerar que se vulneró la garantía de audiencia del quejoso.

 

A efecto de sostener la anterior determinación, el Juez de Distrito señaló que la capacidad jurídica es el atributo más importante de las personas, misma que se divide en capacidad de goce –la cual es un atributo esencial e imprescindible de la persona– y capacidad de ejercicio. En consecuencia, se puede carecer de capacidad de ejercicio, más no de goce, pues ello implicaría una pérdida absoluta de la personalidad jurídica.

 

Adicionalmente, el juzgador señaló que acorde a un análisis de la versión en inglés de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –pues a su juicio existe una discrepancia con la versión en español–, es posible restringir la capacidad de ejercicio, sin que ello implique alguna vulneración a los derechos fundamentales.

 

Una vez precisado lo anterior, el Juez de Distrito señaló en torno a los conceptos de violación, lo siguiente:

 

En primer término, el estado de interdicción no implica una vulneración a la personalidad jurídica del quejoso. Ello es así, pues las personas tienen una serie de derechos por el sólo hecho de serlo, por lo que, la restricción a la capacidad de ejercicio –situación que no se encuentra prohibida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad–, no puede considerarse como transgresora de la dignidad, pues la misma no se puede menoscabar por la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, máxime cuando la capacidad de goce no se limita de forma alguna.

 

Adicionalmente, el juzgador estimó que no existe una violación a la obligación de establecer salvaguardas adecuadas en términos de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo anterior en virtud de que la figura jurídica de la tutela es armónica con el tratado internacional en mención, pues acorde a la legislación del Distrito Federal, el pupilo siempre será consultado cuando sea mayor de 16 años y sea capaz de discernimiento, ello en torno a los actos de administración de sus bienes. Adicionalmente, el tutor estará obligado a presentar los resultados de exámenes médicos sobre el estado del pupilo, ante lo cual, el juzgador podrá establecer los alcances y límites de la tutela.

 

Finalmente, los artículos combatidos no violentan el principio de igualdad jurídica, pues no se ha excluido, marginado o segregado al quejoso en virtud de su discapacidad. Adicionalmente, el juez que declaró el estado de interdicción tomó en consideración los diagnósticos médicos para establecer qué actos personalísimos podía realizar el quejoso, así como los límites y extensión de su tutela, estableciendo una situación jurídica diferenciada para la persona en concreto.

 

Sin embargo, el juzgador advirtió que en el presente caso no se respetó la garantía de audiencia del quejoso, pues no estuvo en la aptitud de alegar y probar su lucidez. Por lo tanto, se concedió el amparo a RACR, a efecto de que se repusiera el juicio de interdicción, para que se le emplazara a fin de que compareciera a proteger sus derechos.

 

 

II. RECURSO DE REVISIÓN

 

Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2012, en el cual hizo valer los siguientes agravios:

 

A juicio del recurrente, el Juez de Distrito interpretó de forma errónea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al concluir que la misma no contempla el derecho al reconocimiento de la capacidad de ejercicio, lo cual se advierte de una interpretación gramatical, contextual y teleológica, así como de una interpretación a partir de los trabajos preparatorios, de la fracción II, del artículo 12 de la citada Convención.

 

A su consideración, el estado de interdicción previsto en el Código Civil para el Distrito Federal suprime el derecho a la personalidad jurídica, pues restringe el reconocimiento de la capacidad de ejercicio, afirmando que algunas personas pueden ser desprovistas de la capacidad de hacer valer sus derechos por sí mismas.

 

A consideración del recurrente, el Estado mexicano no cumplió con su obligación de establecer salvaguardas adecuadas y efectivas para que ejerciera su capacidad de ejercicio, ello en términos del artículo 12.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, el estado de interdicción no cumple con tales exigencias en virtud de las siguientes razones:

 

El estado de interdicción no permite que se respeten los derechos, voluntades y las preferencias de las personas con discapacidad, pues hace caso omiso de las mismas y centra su atención en la voluntad y preferencias del tutor.

 

El estado de interdicción no es una medida proporcional y adaptada a las circunstancias de la persona, ya que para restringir un derecho fundamental se deben cumplir los siguientes requisitos: tener una finalidad válida, que la medida sea necesaria para alcanzar la finalidad, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad, que la persecución del objetivo no se realice a costa de la afectación innecesaria o desmedida de otros derechos constitucionalmente protegidos, y que las medidas no sean proporcionales en abstracto sino en cada caso particular, lo cual no se cumple en el estado de interdicción, ya que no permite contextualizar la capacidad respecto a las características y condiciones de cada persona con discapacidad.

 

Adicionalmente, de un análisis de la legislación de otros países, se advierte que el estado de interdicción no es la manera menos restrictiva de afectar los derechos de las personas con discapacidad.

 

El estado de interdicción no está sujeto a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial, ya que si bien la legislación mexicana señala que el tutor deberá presentar un informe en el mes de enero de cada año, así como un certificado de dos psiquiatras sobre el pupilo, lo cierto es que el juzgador evalúa un material ofrecido por una persona parcial, sin que se pueda poner en duda tal información por medio de algún procedimiento.

 

El Juez de Distrito no reconoció que exista discriminación al limitarse la capacidad de ejercicio, lo cual es falso, pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe la discriminación relacionada a la obstaculización del ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Además, el juez concluyó que el estado de interdicción permite dar un trato diferencial acorde al tipo de discapacidad, lo cual es erróneo, pues el régimen no permite la toma de decisiones, ya que el tutor consulta al pupilo, pero no tiene obligación de respetar su voluntad, ante lo cual, es claro que no se reconocen las capacidades específicas de cada personas, pues se establecen regímenes generales para cualquier tipo de discapacidad.

 

A juicio del quejoso, el Juez de Distrito violentó los principios de congruencia y exhaustividad previstos en la Ley de Amparo, pues omitió analizar si la declaratoria de interdicción y la omisión legislativa de establecer salvaguardas adecuadas para que el quejoso ejerciera su voluntad, violentaban su derecho a la igualdad y a la no discriminación, en virtud de la estigmatización que tal situación le produce.

 

Así, a juicio del recurrente, el estado de interdicción violenta los derechos de igualdad y de no discriminación, al plasmar y reproducir estereotipos que generan prácticas discriminatorias por parte de las autoridades y los particulares, por lo que se requieren medidas legislativas para que exista un régimen que sea acorde a la “toma de conciencia” a la que está obligado México en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

              En la sentencia recurrida se estableció que la dignidad humana no puede ser vulnerada por los actos que dieron origen a la demanda de amparo. Al respecto, el juez sostuvo que al no haber restricción a la capacidad de goce, no se puede hablar      de una violación a la dignidad.

 

           Por otra parte, a consideración del quejoso, el Juez de Distrito violó los derechos fundamentales al acceso a la información y a la no discriminación, contenidos en los artículos 2 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en las sentencias de amparo, pues en la demanda correspondiente, se solicitó que la resolución que se emitiera fuera redactada en un lenguaje claro y sencillo, y resumiendo los contenidos, para que los mismos fueran entendidos por personas con discapacidad intelectual, lo cual se traduce en un formato complementario –y no sustituto– de las sentencias de amparo. Al respecto, el Juez de Distrito no atendió a tal solicitud, pues la resolución fue confusa en cuanto a su orden, el formato no fue uniforme para identificar fácilmente sus partes, contuvo párrafos largos, y utilizó un lenguaje avanzado y complejo.

 

             Finalmente, a consideración del recurrente, el Juez de Distrito violentó en su perjuicio el derecho fundamental al respeto de su voluntad, ya que si bien el Estado debe proporcionarle salvaguardas, éstas no deben ser impuestas en contra de su voluntad. En específico, en la sentencia recurrida, al emplear la figura de la deficiencia de la queja para otorgarle el amparo respecto a actos de los cuales no se dolió –en relación a su derecho de audiencia–, se alteró la litis constitucional, pues nunca fue su voluntad que se le otorgara el amparo por un acto distinto al solicitado en su demanda correspondiente.

 

Dicho recurso de revisión fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que mediante proveído de 13 de noviembre de 2012 registró el asunto con la clave de expediente 395/2012 y admitió el recurso.

 

 

III. REASUNCIÓN DE COMPETENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

El 27 de noviembre de 2012, el quejoso solicitó que este Alto Tribunal conociera de su recurso de revisión, por lo que ante su falta de legitimación, en sesión privada de 16 de enero de 2013, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hizo suya la petición de que esta Suprema Corte resolviera el presente asunto, quedando registrado el expediente como reasunción de competencia 21/2012

 

Finalmente, en la sesión de 6 de marzo de 2012, por unanimidad de votos, se resolvió que esta Primera Sala reasumiera su competencia originaria para conocer del presente amparo en revisión, por lo que se remitieron los autos a la Presidencia de la misma para el trámite correspondiente

 

 

IV. TRÁMITE EN ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

En atención a lo anterior, mediante proveído de 11 de abril de 2013, se registró el asunto con el número de expediente 159/2013, fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su estudio y se radicó en la Sala de su adscripción

 

Por auto de 17 de abril de 2013, la Primera Sala de esta Suprema Corte se avocó al conocimiento del presente amparo en revisión.

 

Cabe señalarse que a lo largo del trámite del presente amparo en revisión, diversas autoridades, organizaciones civiles y particulares presentaron escritos de amicus curiae, mismos que se tuvieron por recibidos mediante acuerdos de 28 de junio, 5 de agosto, y 2 de septiembre, todos de 2013.

 

 

V. COMPETENCIA

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, abrogada según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la cual resulta aplicable para resolver el presente asunto en términos del artículo Tercero Transitorio del mismo Decreto; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013. 

 

 

VI. OPORTUNIDAD

 

El recurso de revisión es oportuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo previamente citada. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada y se terminó de engrosar por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal el 25 de septiembre de 2012, y fue notificada por lista al quejoso el miércoles 5 de octubre, surtiendo efectos para el mismo el día hábil siguiente, es decir, el lunes 8 de octubre de 2012.

 

El término de diez días para la interposición del recurso empezó a correr a partir del martes 9 de octubre de 2012 y concluyó el martes 23 de octubre de 2012, descontando los días 13, 14, 20 y 21, todos de octubre, por ser sábados y domingos, así como el 12 de octubre en virtud de ser inhábil, conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo en mención y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a lo dispuesto en el Acuerdo 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el 23 de octubre de 2012, resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal previsto en el artículo 86 de la citada Ley de Amparo.

 

 

VII. PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN

 

Por escrito presentado el 23 de octubre de 2012, el quejoso interpuso recurso de revisión haciendo valer el derecho procesal que le otorga la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo citada con anterioridad, conforme a la cual se puede interponer recurso de revisión en contra de una resolución emitida por un Juez de Distrito. 

 

En consecuencia, es innegable que si la sentencia que recayó en el juicio de amparo indirecto 603/2011 le concedió el amparo al quejoso, pero para efectos diversos a los que solicitaba, éste tiene la legitimación procesal para combatirla, al no haber satisfecho la pretensión por la cual promovió la demanda de amparo.

 

En efecto, la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprende del hecho consistente en que el recurso de revisión se interpuso en contra de la interpretación que un Juez de Distrito realizó, en el sentido de que resultaban constitucionales los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, ello a la luz de los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Atento a lo anterior, el recurso de revisión es procedente y fue presentado por parte legitimada, al haber sido interpuesto por el quejoso.

 

 

VIII. ESTUDIO DE FONDO

De manera previa, es importante destacar la suplencia de la queja que se debe observar en el presente asunto, ello en atención a que implica la afectación de la esfera jurídica de una persona con discapacidad.

 

Ahora bien, a consideración de esta Primera Sala, en el presente caso los argumentos vertidos por el recurrente son fundados y, por tanto, idóneos para otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

 

Para llegar a la anterior conclusión, la sentencia se estructurará de la siguiente forma: en primer lugar, se abordará el estudio del marco teórico jurídico de la discapacidad bajo la doctrina de los principios de igualdad y de no discriminación que ha desarrollado esta Primera Sala (apartado 1). En segundo término, se procederá al análisis del estado de interdicción en el Distrito Federal, ello a la luz de la doctrina previamente desarrollada en materia de discapacidad (apartado 2). Finalmente, esta Primera Sala hará un estudio y fijará los alcances de las normas impugnadas en el presente asunto (apartado 3). Cabe señalarse que este último apartado a su vez se dividirá de la siguiente manera: 3.1. Fijación de los límites del estado de interdicción en cada caso en concreto; 3.2. Informes sobre los posibles cambios en la discapacidad de la persona; 3.3. Asistencia en la toma de decisiones; 3.4. Lineamientos para la constitución del estado de interdicción; y 3.5. Directrices para la interpretación del estado de interdicción en el Distrito Federal.

 

En este punto resulta oportuno realizar la siguiente aclaración terminológica: el artículo 23 del Código Civil para el Distrito Federal indica que el estado de interdicción es una incapacidad legal, lo cual se refuerza con lo sostenido en el diverso artículo 450. Sin embargo, la fracción II del propio numeral 450 señala que dicha incapacidad legal se produce por un estado particular de discapacidad.

 

En virtud de lo anterior, a lo largo de la presente sentencia se empleará el término discapacidad, y no el de incapacidad, pues si bien es el vocablo empleado en la legislación del Distrito Federal, lo cierto es que ésta reconoce que la causa generadora de tal estado es la existencia de una discapacidad, expresión que es acorde a la contenida en los diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte.

 

Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis del fondo del presente asunto en el orden ya propuesto:

 

Marco teórico jurídico de la discapacidad bajo la doctrina de los principios de igualdad y de no discriminación.

 

En primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. 

 

En otras palabras, las normas relativas a personas con discapacidad no pueden deslindarse de su propósito jurídico, esto es, buscar la eliminación de cualquier tipo de discriminación por tal circunstancia, en aras de la consecución de la igualdad entre personas. 

 

Así, es claro que la razón de que existan disposiciones relacionadas a la materia de discapacidad, cobra sentido en la medida en que tal regulación busca la consecución de los principios de igualdad y de no discriminación. Por tanto, el estudio de la discapacidad debe realizarse a la luz de los principios ya señalados. 

 

De tales consideraciones emanó la tesis aislada V/2013 de esta Primera Sala, de rubro “DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN.

 

Marco teórico de la discapacidad.

 

En primer término, resulta indispensable asentar la siguiente premisa: la discapacidad no es una enfermedad. Dicha afirmación conlleva grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad, y a su vez tiene enormes consecuencias en el ámbito jurídico. 

 

La Organización Mundial de la Salud emitió en 1980 la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, en la cual señalaba que una discapacidad era una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen considerado como normal, ello como una consecuencia de una enfermedad. Lo anterior fue criticado en virtud de que no admitía el papel que la sociedad tiene en las discapacidades y daba preminencia a los factores personales asociados de forma indefectible a una enfermedad. En respuesta a esto, en mayo de 2001, la propia Organización Mundial de la Salud emitió la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, en la cual ya no se emplea el término enfermedad y se clasifica a la discapacidad como un estado de salud.

 

La anterior evolución lingüística y cultural también se ha reflejado en los diversos modelos que se han empleado para estudiar el ámbito de la discapacidad. Habremos de señalar que su concepción ha ido modificándose en el devenir de los años: desde un modelo de prescindencia en el que las causas de la discapacidad tenían un motivo religioso, a un esquema denominado rehabilitador, individual ó médico, en el cual el fin es normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tiene. En la actualidad nos encontramos en un modelo llamado social, el cual propugna que las causas de las discapacidades son sociales. Así, las personas con discapacidad pueden tener una plena participación social, pero a través de la valoración y el respeto de sus diferencias.

 

El modelo social señala que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que las medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras. Así, las limitaciones son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad son tomadas en consideración. Dicho esquema se encuentra relacionado con el pleno reconocimiento de derechos fundamentales, tales como el respeto a la dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la libertad personal –aspecto que incluye la toma de decisiones–, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal –en actividades económicas, políticas, sociales y culturales–.

 

En suma, a la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual es la que genera una diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad.

 

Como puede apreciarse, el modelo social parte de la base de la diversidad del ser humano, sin que ello implique el desconocimiento del principio de igualdad. En efecto, existen supuestos en los cuales la igualdad de trato producida por una normativa aparentemente neutra, puede producir una discriminación de hecho.

 

En razón de lo anterior, se debe distinguir la igualdad formal de la material. La primera se refiere al derecho de cualquier persona a un trato igual, y por tanto, a la ausencia de medidas discriminatorias. Sin embargo, el modelo social tiene como finalidad, la búsqueda de una igualdad material, que se caracteriza por la introducción de desigualdades que parten del reconocimiento de las diversas circunstancias en que se encuentran inmersas las personas.

 

Es decir, si partimos de la base de que no todas las personas son iguales, y por el contrario reconocemos la diversidad de las mismas, tanto en su aspecto individual así como en el contexto en el que se desenvuelven las mismas, podemos concluir que una normativa que simplemente prohíba la discriminación, no puede propiciar una igualdad de facto, ya que las premisas de las cuales parte la misma distan mucho entre sí. 

 

En consecuencia, primero se debe perseguir la nivelación de las oportunidades de las cuales gozan las personas para su plena inserción social, pues sólo a partir de tal escenario es que las políticas de no discriminación adquieren plena vigencia. En otras palabras, parte del reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen circunstancias especiales, pero finalidades o necesidades similares al resto de la población. Lo anterior ha provocado la creación de los llamados ajustes razonables, tal y como los denomina el artículo 2º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Estos ajustes razonables son medidas a través de las cuales se introducen elementos diferenciadores que buscan la plena aplicación del principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Partiendo de la consideración de que las personas son distintas, y privilegiando tal diversidad, se propicia la implementación de medidas de naturaleza positiva –es decir, que implican un actuar y no sólo una abstención de discriminar– que atenúen las desigualdades y permitan una mayor inclusión de las personas con alguna diversidad funcional.

 

Los anteriores argumentos se encuentran contenidos en la tesis aislada VI/2013 de esta Primera Sala, cuyo rubro es “DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

Como puede apreciarse, este cambio de paradigma implica modificar la manera de concebir a la discapacidad, tanto por parte de las autoridades, así como por la sociedad en general, lo cual se traduce en un nuevo enfoque en las relaciones jurídicas, políticas y sociales

 

Por tanto, las discapacidades ahora tienen como punto toral, la existencia de factores sociales que vuelven adversas las diversidades funcionales que posee una persona, y que limitan el acceso potencial a los mismos fines que el resto de las personas. Eso implica que la dificultad para participar de manera plena en la sociedad tiene como nota distintiva, la existencia de una inadecuada construcción del entorno social, mismo que impide la consecución de los propios planes de vida en igualdad de oportunidades.

 

Por lo anterior, las medidas relacionadas con la discapacidad buscan la igualdad, entendida ésta como un estado en el que las personas tengan la capacidad real de alcanzar un bienestar social, ello a través de valores instrumentales, no sólo referidos a posturas de no discriminación en sentido estricto, sino también a la implementación de acciones –ajustes razonables–.

 

Finalmente, y toda vez que una actitud de discriminación con motivo de una discapacidad implica una violación a los derechos fundamentales, en el supuesto de que se pretenda analizar si un aspecto jurídico es discriminatorio, se deberá seleccionar un ámbito evaluativo, esto es, la serie de variables que se tomarán en consideración para realizar un análisis de desigualdad.

 

En relación a lo anterior, siempre se deberá tomar en consideración que una pretensión de igualdad no implica un escenario de igualitarismo, sino la posibilidad de que exista una desigualdad en algunos ámbitos a efecto de propiciar la igualdad en otro rubro que implique una necesidad más básica. Es decir, se trata de la exigencia de una razonabilidad tanto en el trato igualitario, así como en el diferenciado, tomando en consideración la importancia comparativa de los ámbitos sometidos a análisis

 

Normativa en materia de discapacidad.

 

En primer lugar, debe indicarse que el texto constitucional protege a las personas con discapacidad, en virtud de que en su artículo 1º prohíbe de forma expresa toda discriminación, entre otras razones, por cuestión de discapacidades. 

 

Es decir, la propia Constitución establece un vínculo entre el principio de no discriminación y las discapacidades como una categoría expresa de protección.

 

A efecto de desarrollar lo previsto en el artículo 1º constitucional, en relación a la proscripción de la discriminación en contra de personas con discapacidad, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como finalidad expresa, establecer “las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

 

La anterior tendencia jurídica de proteger a las personas con discapacidad se refleja en los instrumentos internacionales de los cuales México es parte, cuyos derechos contenidos en los mismos conforman junto con los derechos previstos en la propia Constitución, un parámetro de regularidad normativa del resto de elementos jurídicos del país.

 

Si bien los principios de igualdad y de no discriminación se encuentran consagrados en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículos 2, 4 y 26– y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –artículo 2–, debe señalarse que son pocos los tratados que sobre la materia de discapacidad se han emitido.

 

Al respecto, nuestro país forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En dicho instrumento internacional, los Estados parte se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad.

 

Debe resaltarse, que en tal Convención sí se define el término discapacidad –contrario a lo que sucede con nuestra Constitución y la ley general correspondiente, mismas que no realizan definición alguna del término, ya que se buscó que fueran disposiciones dinámicas sujetas a interpretación–, pues en su artículo 1º señala que la discapacidad “significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

 

Por otro lado, nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como objetivo la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

 

Tal Convención es el resultado de una importante tendencia de la Organización de las Naciones Unidas de emitir directrices en relación a las personas con discapacidad. Al respecto, si bien no consagraban aún el modelo social de discapacidad, como antecedentes históricos debe destacarse la emisión de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental –1971–, la Declaración de los Derechos de los Impedidos –1975–, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental –1991–, y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad –1993–.

 

Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa la adopción normativa del modelo social, pues aborda el factor humano, es decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por las barreras contextuales que causan una discapacidad.

 

Por otra parte, el artículo 3º de dicha Convención señala los principios rectores de la materia: (i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; (ii) la no discriminación; (iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; (iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; (v) la igualdad de oportunidades; (vi) la accesibilidad; (vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; y (viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

 

La Convención enuncia qué debe entenderse por la expresión “persona con discapacidad”, señalando en su numeral 1º, que se trata de aquellas personas con “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

 

Como puede advertirse, al realizar una definición del término discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala que tales deficiencias limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales, que pueden ser causadas o agravadas por el entorno económico y social, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que estas deficiencias, al interactuar con barreras contextuales, impiden la participación plena y efectiva en la sociedad.

 

Es decir, el instrumento internacional citado en último término, hace énfasis en que las limitaciones a una inclusión plena en el ámbito social, no surgen en razón de las diversidades funcionales per se, sino de la interacción de éstas con ciertas barreras sociales.

 

Lo anterior es coincidente con la doctrina que sostiene que debe superarse la visión de la discapacidad como un aspecto individual, en virtud del cual los problemas que enfrentan las personas con discapacidad atañen a su esfera personal, por lo que la Convención adopta el llamado modelo social, haciendo énfasis en la discapacidad como una construcción social que se encuentra determinada por la manera en que las personas son tratadas en un contexto. Por tanto, la Convención señala que la nota distintiva para la existencia de una discapacidad, no son las deficiencias que posee el individuo, sino las barreras que existen en una sociedad y que limitan su posibilidad de interactuar en el medio en igualdad de oportunidades.

 

En virtud de lo anterior, el modelo social y sus postulados no se agotan en un plano meramente doctrinal, sino que poseen plena fuerza vinculante al haberse adoptado en la normativa que en nuestro país es aplicable para la discapacidad, ante lo cual se trata de principios jurídicos que son vinculantes en todas las ramas del Derecho, lo cual se conoce como principio de transversalidad.

 

Adicionalmente, y por tratarse de un tema de especial relevancia en el presente asunto, cabe señalarse que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala de forma expresa que las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. Tal reconocimiento se realizará en las mismas condiciones que las demás personas, tomando en consideración todos los aspectos de su vida.

 

En el mismo sentido, la Convención señala que los Estados deben velar porque las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, ante lo cual, en las medidas que versen sobre dicho tema se deberán respetar su derechos, su voluntad y las preferencias de la persona, se buscará que no exista conflicto de intereses ni influencia indebida, las medidas deberán ser proporcionales y adaptadas a la persona, se aplicarán en el plazo más corto posible y estarán sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.

 

Criterios jurisdiccionales en materia de discapacidad.

 

Si bien esta Suprema Corte ha ido construyendo una teoría constitucional en torno a los principios de igualdad y de no discriminación, lo cierto es que han sido escasos los pronunciamientos en torno a la discapacidad como una categoría específica protegida por ambos principios.

 

Es importante señalar que diversos tribunales han tenido la oportunidad de manifestarse en torno a las personas con discapacidad, de lo cual se advierte una tendencia jurisprudencial que vale la pena tenerse en consideración para el presente caso. 

 

En primer término, es fundamental atender a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que los criterios emanados de este órgano resultan obligatorios para los tribunales mexicanos. Esto es así, ya que el Tribunal Pleno, al resolver recientemente la contradicción de tesis 293/2011, estableció que: “los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos contenidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas”.

 

En lo que hace al tema que se aborda en este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda persona con alguna discapacidad y que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, la cual obliga a los Estados a tomar medidas positivas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole, necesarias para eliminar cualquier forma de discriminación y propiciar su plena integración a la sociedad.

 

Por otra parte, la cuestión de las personas con discapacidad, y en específico la interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Dicho Tribunal ha reiterado la prohibición de que existan políticas de discriminación con motivo de discapacidades, pero adicionalmente, señaló que los Estados están obligados a tomar las medidas necesarias para realizar ajustes razonables, cuando los mismos pueden eliminar las barreras a que están sujetas las personas con alguna discapacidad.

 

La Suprema Corte de los Estados Unidos de América, desde hace ya varios años se ha pronunciado en torno a la discriminación social con motivo de discapacidades, haciendo el señalamiento de medidas positivas para erradicar tal situación y superar las discapacidades como una causa de desigualdad entre las condiciones de vida social de los individuos.

 

La anterior doctrina también se encuentra presente en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional de España, el cual desde hace varios años ha sostenido que cualquier elemento de diferenciación que ocasionara un trato distinto a alguna persona con discapacidad requeriría ser razonable. Sin embargo, el Tribunal también ha sostenido una postura tendente a la creación de medidas positivas y no sólo prohibitivas para la plena inclusión de personas con discapacidad, lo cual ha sido reforzado con la entrada en vigor de ordenamientos legales sobre la materia –en específico la Ley 51/2003 y la posterior Ley 26/2011–. 

 

Como puede observarse, desde hace algún tiempo, tanto en ciertos países, así como en instancias internacionales, existe una directriz interpretativa con motivo de la cual, la forma de abordar la problemática de la discriminación en contra de personas con discapacidad ya no sólo se limita a determinaciones prohibitivas, sino a la implementación de medidas de naturaleza positiva. De lo anterior se advierte que al igual que en la doctrina, en los diversos pronunciamientos jurisdiccionales que sobre el tema se han emitido, existe una tendencia por abandonar la concepción de la discapacidad como un tema individual, y acercarla a un aspecto social, en virtud del cual la discapacidad es una consecuencia de las barreras que existen en un contexto y de las medidas que la comunidad emplea para abatirlas o aminorarlas.

 

Por lo que ve a los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe destacarse lo resuelto por esta Primera Sala en el amparo en revisión 410/2012, a través del cual se fijaron los principios y directrices a la luz de los cuales se deben analizar los órdenes jurídicos en la materia de discapacidad. 

 

Así, esta Primera Sala señaló que el estándar de análisis relativo a dicha materia se guiará a través de los lineamientos que continuación se desarrollan:

 

    Presupuestos. Principios en los cuales se sustenta la temática de la discapacidad y, en consecuencia, son las bases teóricas pero de naturaleza jurídica en las que se apoyan las medidas implementadas.

 

 Valores instrumentales. Mecanismos implementados en materia de discapacidad, cuya teleología se encuentra orientada a la búsqueda de determinados objetivos.

 

               Valores finales. Metas de los mecanismos; referidos a la consecución de una situación óptima contextual para las personas con discapacidad.

 

En primer término, por lo que hace a los presupuestos del ámbito de la discapacidad, debe señalarse que los mismos tienen como fundamento el denominado modelo social, el cual parte de los siguientes principios:

 

     Dignidad de la persona. Pleno respeto a las personas por el sólo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional pueda mermar o disminuir tal reconocimiento.

 

Accesibilidad universal. Posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social.

 

Transversalidad. La cultura de la discapacidad debe permear en todos los ámbitos de una sociedad, en virtud de lo cual, la discapacidad no debe entenderse como un aspecto aislado dentro de un contexto, sino que debe ser concebido en íntima relación con todas las facetas de dicho entorno.

 

              Diseño para todos. Que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios –tanto por personas con diversidades funcionales, así como por el resto de la población–.

 

             Respeto a la diversidad. Las medidas en materia de discapacidad no pretenden negar las diferencias funcionales de las personas, sino precisamente reconocer éstas como fundamento de una sociedad plural.

 

Eficacia horizontal. Las cuestiones atinentes al respeto de las personas con discapacidad, se encuentran dirigidas tanto a las autoridades, así como a los particulares. Es decir, los principios tienen un enfoque integral en cuanto a los sujetos vinculados.

 

Las anteriores directrices se encuentran contenidas en la tesis aislada VII/2013 de esta Primera Sala, cuyo rubro es “DISCAPACIDAD. PRESUPUESTOS EN LA MATERIA QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR LOS OPERADORES DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

 

En lo que respecta a los valores instrumentales, en primer término debe indicarse que no existe un catálogo limitativo para los mismos, pues se pueden implementar medidas relativas a cualquier ámbito de una sociedad y, adicionalmente, éstas pueden obedecer a naturalezas sumamente diversas entre sí –medidas económicas, laborales, de vivienda, de transporte, de servicios, entre otras–. Sin embargo podemos clasificar los mecanismos de la siguiente manera:

 

Medidas de naturaleza negativa. Consistentes en disposiciones previstas en diversos ámbitos que vedan la posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad por la sola presencia de una diversidad funcional.

 

Medidas de naturaleza positiva. Elementos diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las personas que poseen alguna diversidad funcional con el resto de la sociedad. Tales mecanismos se conocen como ajustes razonables.

 

Como podrá advertirse, los valores instrumentales son el nexo entre los presupuestos de la materia de discapacidad y los valores finales que se pretenden alcanzar. Es por ello que tales mecanismos pueden ser analizados, a efecto de determinar si partiendo de los principios que animan al modelo social, los mismos son idóneos para la consecución de las metas buscadas. Tal análisis debe realizase en cada caso en concreto, atendiendo al ámbito evaluativo en particular, pues el mismo determina la importancia comparativa de las variables involucradas.

 

A efecto de llevar a cabo tal análisis, se debe dilucidar si las medidas implementadas se encuentran justificadas en virtud de su razonabilidad. Por ello, se podrá concluir que un valor instrumental es razonable en el caso en concreto, cuando tenga como meta la consecución de la igualdad y la no discriminación, y además se instituya en un ámbito en el cual no resulta tolerable mantener o producir un agravio comparativo entre los ciudadanos por virtud de las discapacidades de algunos de ellos.

 

Por último, por lo que hace a los valores finales, si bien los mismos se encuentran presentes en los presupuestos de la materia de discapacidad, ya que fungen como ejes rectores de la misma, debe señalarse que éstos constituyen estados ideales a los cuales se encuentran dirigidos los mecanismos antes señalados. En razón de lo anterior, las metas cuya consecución buscan los valores instrumentales son las siguientes:

 

 

No discriminación. La plena inclusión de las personas con discapacidades en el entorno social.   

 

 Igualdad. Consistente en contar con las posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en aras de alcanzar un estado de bienestar –físico, emocional y material–.

 

Tales argumentos se desprenden de la tesis aislada VIII/2013 de esta Primera Sala, cuyo rubro es “DISCAPACIDAD. VALORES INSTRUMENTALES Y FINALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN ESTA MATERIA.

 

 Análisis del estado de interdicción en el Distrito Federal.

 

En primer término, debe señalarse que el juicio de interdicción consiste en un mecanismo procesal, en virtud del cual, un órgano jurisdiccional constata la existencia de una causal que acorde a la legislación, conlleva una limitación a la capacidad de ejercicio.

 

Este tipo de instituciones giran en torno a dos ideas fundamentales: el interés de la persona cuya capacidad de ejercicio se restringe y su adecuada protección. Esto es, la restricción a la capacidad jurídica del individuo se encuentra justificada por la necesidad de salvaguardar sus derechos mediante el auxilio de otra persona.

 

Tal y como puede advertirse, el estado de interdicción es un valor instrumental consistente en un ajuste razonable, en virtud del cual, se busca una nivelación contextual al considerar que ciertas personas con diversidades funcionales requieren de asistencia para ejercer sus derechos, ante lo cual, se limita su capacidad de ejercicio.

 

Sin embargo, debe recordarse que si bien las medidas implementadas por un determinado legislador pueden tener como punto de partida los presupuestos de la materia de discapacidad antes expuestos, y pueden buscar como valores finales la no discriminación y la igualdad, lo cierto es que los valores instrumentales deben estar sujetos a un estudio de razonabilidad, a efecto de dilucidar si los mismos son idóneos para la consecución de las metas planteadas.

 

Así, el estudio contenido en la presente sentencia tiene como objetivo, analizar si las limitaciones a la capacidad de ejercicio producidas por el estado de interdicción establecido en la legislación del Distrito Federal, son razonables atendiendo al ámbito en que las mismas se desenvuelven y a los derechos involucrados en la materia, es decir, si el agravio producido por tales restricciones es proporcional en aras de proteger a las personas con discapacidad.

 

Debe señalarse que si bien el quejoso combatió en su demanda de amparo solamente los artículos 23 y 450, fracción II, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, para efectos del presente apartado, esta Primera Sala no se limitará a la exposición de tales numerales, ello a efecto de realizar un planteamiento integral de la mencionada institución jurídica.

 

Una vez establecido lo anterior, debe precisarse que en torno a la regulación del estado de interdicción, el Código Civil para el Distrito Federal señala en su artículo 23 que dicho estado es una restricción a la capacidad de ejercicio, sin que ello signifique un menoscabo a la dignidad de la persona, pues quienes se encuentren en tal supuesto pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, indica que tienen incapacidad natural y legal los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, ya sea por sí mismos o por algún medio que la supla.

 

Para que una persona sea declarada en el mencionado estado de interdicción, la propia legislación del Distrito Federal señala un procedimiento en virtud del cual, el juez deberá constatar la existencia de la diversidad funcional que posee la persona con discapacidad. Para tal fin, el juzgador deberá solicitar la opinión de médicos especialistas en la materia, a partir de lo cual analizará todos los elementos del caso en concreto y decretará en su caso el estado de interdicción –para tal efecto podrá realizar las preguntas que estime pertinentes a la persona respecto a la cual se solicita la interdicción, a los médicos, familiares y otros testigos–. 

 

Cabe señalarse que a lo largo del procedimiento, la legislación faculta al juez para que tome las providencias necesarias en aras de proteger a la persona cuya capacidad de ejercicio se pretende restringir, así como a los bienes que ésta posee, ello mediante el nombramiento de un tutor y curador interinos.

 

Adicionalmente, por lo que ve a la intervención durante el procedimiento de la persona cuyo estado de interdicción se solicita, cabe señalarse que la misma podrá ser escuchada durante el procedimiento, si así lo pidiera, y con independencia de la representación atribuida al tutor interino antes mencionado –artículo 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal–.

 

Cuando el juez determine mediante sentencia que alguna persona deba quedar en estado de interdicción, tendrá que establecer en ésta los actos jurídicos de carácter personalísimo que podrá realizar por sí mismo el sujeto con discapacidad, lo cual se traducirá en determinar la extensión y límites de la tutela que por tal motivo habrá de constituirse –artículo 462 del Código Civil para el Distrito Federal–. 

 

En efecto, una vez declarada la anterior situación, el propio Código Civil señala en su artículo 449 que se deberá constituir una tutela, misma que tendrá como objetivo la protección tanto de la persona en estado de interdicción, así como de sus bienes, debido a lo cual, el tutor tendrá la representación de dicha persona. Así, la tutela no podrá conferirse a menos de que se haya decretado previamente el estado de interdicción de la persona que va a quedar sujeta a la misma –artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal–, debiendo haberse declarado el estado y grado de capacidad de la persona que se encontrará sujeta a la misma –artículo 462 del citado Código Civil–.

 

Por lo que ve a las obligaciones del tutor, el artículo 537 del Código Civil para el Distrito Federal señala que entre las mismas se encuentra velar por la alimentación y educación del pupilo, destinar los recursos del mismo a su rehabilitación, representar al pupilo en juicio y fuera de él en todos los actos civiles –con excepción de actos estrictamente personales tales como el matrimonio, el reconocimiento de hijos y el testamento–. Asimismo, destaca la administración que el tutor deberá realizar sobre los bienes del pupilo, mismo que deberá ser consultado para actos importantes de administración cuando sea capaz de discernimiento y mayor de 16 años.

 

Adicionalmente, como una obligación de enorme importancia, el tutor deberá presentar en el mes de enero de cada año un informe ante el Juez de lo Familiar correspondiente, en el cual tendrá que exhibir un certificado de dos médicos psiquiatras que declaren acerca del estado de la persona sujeta a interdicción. Lo anterior se hará con la intención de que el juez se cerciore del estado que guarda el pupilo y tomará las medidas que estime convenientes para mejorar su condición –artículo 546 del citado Código Civil–.

 

Finalmente, cabe señalarse que la temporalidad de dicha tutela se encuentra sujeta a la duración del estado de interdicción, pues la misma se extinguirá cuando desaparezca la causa en virtud de la cual se declaró en dicho supuesto jurídico al pupilo, toda vez que en tal situación, acorde a la legislación del Distrito Federal ya no existiría motivo alguno que justifique una protección especial para la persona en cuestión –artículo 606 del señalado Código Civil–.

 

Así las cosas, a continuación se procederá a analizar el régimen jurídico del estado de interdicción en el Distrito Federal, a la luz de los principios y directrices que esta Primera Sala ha emitido en el ámbito de la discapacidad, a efecto de dilucidar si los ajustes razonables que tal régimen instituye son idóneos acorde a los derechos fundamentales involucrados en la materia.

 

 Estudio de las normas cuya validez fue impugnada.

 

Debe señalarse en primer término, que esta Primera Sala considera que es posible realizar una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal, a efecto de que la misma se conciba a partir del modelo social y, en específico, a partir del modelo de “asistencia en la toma de decisiones, es decir, este órgano colegiado estima que la normativa del Distrito Federal puede ser interpretada bajo las directrices y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Así, sobre la posibilidad de llevar a cabo una interpretación conforme en el presente caso, esta Primera Sala estima necesario realizar las siguientes precisiones:

 

Es importante establecer, que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir de parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales (en consonancia o de conformidad con la Constitución); de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se escoja aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitucionales (cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación), sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas.

 

Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional.

 

En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción.

 

La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario.

 

Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. El principio pro persona, contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios, en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

 

Una vez establecido lo anterior, es necesario indicar que el modelo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal, consagra el denominado modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contiene el esquema conocido como “asistencia en la toma de decisiones”, mismo que tiene como fundamento el modelo social de discapacidad que hemos tratado con anterioridad.

 

Por tanto, esta Primera Sala estima que es posible llevar a cabo una interpretación del modelo contenido en el Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de que el mismo sea acorde a los derechos fundamentales establecidos en el tratado internacional previamente citado, mismos que constituyen el parámetro normativo de validez de normas y actos al que debe atender este Tribunal Constitucional.

 

Recordemos que en torno a los derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, señaló que: “el primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos, sino que deben armonizarse a través de la utilización del principio pro persona. En este sentido, los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”.

 

Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como el régimen del estado de interdicción que dicha legislación contempla, no resultan inconstitucionales siempre y cuando se interpreten a la luz del modelo social relativo a las personas con discapacidad, en los términos que a continuación se exponen:

 

Fijación de los límites del estado de interdicción en cada caso en concreto.

 

Como se recordará, uno de los presupuestos del modelo social de discapacidad es el respeto a la diversidad, consistente en reconocer a las diversidades funcionales como fundamento de una sociedad plural, mismo que tiene como finalidad la no discriminación y la igualdad.

 

El hecho de que se busque como objetivo un escenario de igualdad, no implica que se desconozca la enorme gama de matices y variedades que admite la personalidad y el físico humano, sino que a partir del reconocimiento de tales diferencias, se implementan medidas que doten de posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en aras de alcanzar un estado de bienestar físico, emocional y material.

 

Sin embargo, la amplitud de la diversidad humana no se limita a reconocer que existen personas con discapacidad, pues dentro de las mismas también se puede encontrar una enorme variedad de diversidades funcionales.

 

A manera ejemplificativa, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada el 22 de mayo de 2001 por la Organización Mundial de la Salud, señala que la discapacidad se configura atendiendo a dos parámetros: a) las funciones y estructuras corporales; y b) las actividades, participación y los factores ambientales.

 

Incluso si se acotaran las diversidades funcionales a cuestiones intelectuales, las mismas no se referirían al mismo tipo de discapacidad, pues entre las mismas podrán encontrarse algunos casos más severos que otros, y algunas diversidades atenderán a una disminución del coeficiente intelectual, mientras que otras implicarán trastornos desvinculados a dicho coeficiente.

 

Así, el principio de reconocimiento a la diversidad como presupuesto del modelo social de discapacidad, no solamente implica aceptar que existen personas con diversidades funcionales, sino también exige reconocer la gran cantidad de posibles diversidades, mismas que se traducen en una amplia gama de discapacidades.

 

En suma, no sería posible concluir que las personas con discapacidad se encuentran en un plano de uniformidad, pues tal situación se encuentra determinada por la diversidad funcional de cada persona en concreto, misma que al ponerse en contacto con una barrera social, provoca una limitante en el desarrollo de las capacidades.

 

En tal sentido, resulta evidente que las limitantes a la capacidad jurídica se encuentran dirigidas a las diversidades funcionales de índole mental, esto es, no cualquier discapacidad podría dar lugar a una declaración de estado de interdicción

 

Por tanto, aquellas instituciones jurídicas que tengan como finalidad limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, deberán tomar como punto de partida el tipo de diversidad funcional del caso en concreto, pues de lo contrario, pretender el establecimiento del mismo tipo de limitación a personas con discapacidades sumamente diversas, se traduciría en un incumplimiento del principio del modelo social de discapacidad.

 

En consecuencia, el estado de interdicción previsto en la legislación del Distrito Federal, no deberá ser interpretado como una institución jurídica cerrada, cuyos efectos se encuentren establecidos para todos los posibles escenarios, sino que debe considerarse como una limitación a la capacidad jurídica cuyo significado y alcance deben ser determinados prudencialmente en cada caso.

 

Así, una vez que el juzgador constate que una persona tiene una discapacidad –ello a través de los lineamientos que más adelante se desarrollarán–, misma que justifica la limitación de su capacidad de ejercicio, deberá establecer claramente cuál es la naturaleza de la diversidad funcional específica –apoyándose en los dictámenes médicos correspondientes y demás informes que estime pertinentes–, y a partir de ello, delimitará cuál es el grado de la discapacidad y, por tanto, la extensión que tendrá la limitación a su capacidad.

 

Es decir, el estado de interdicción, contrario a la forma tradicional en la que se le interpretaba, esto es, como una declaración genérica y aplicable por igual a toda discapacidad, debe entenderse como la aptitud del juzgador de fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad de la persona, reiterándose que tal decisión deberá realizarse en cada caso concreto, lo cual dará lugar a una gran variedad de posibles hipótesis, mismas que se encontrarán caracterizadas por el origen y graduación de la diversidad funcional en específico.

 

Debido a lo anterior, el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir el tutor para otorgarle asistencia –la naturaleza de tal intervención así como los alcances de la misma se tratarán más adelante–, velando porque en todo momento se adopte la decisión más favorable para el individuo en estado de interdicción, sin que deba confundirse tal protección con una mayor restricción de la capacidad de ejercicio, toda vez que se deberá propiciar que las restricciones sean las menos posibles, y aquellas que se implementen deberán ser las estrictamente indispensables para la integridad física y mental de la persona, fomentando así el mayor escenario posible de autotutela y, por tanto, de autonomía.

 

Debe recordarse que el artículo 462 del Código Civil para el Distrito Federal, señala que la tutela no se puede conferir sin que antes se declare el estado y grado de capacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Sin embargo, como ya se ha mencionado, dicha institución ha sido interpretada en el sentido de que si bien se determina previamente el nivel de discapacidad, ello no ha repercutido en el nivel de limitación a la capacidad, pues la misma se ha concebido como una institución cerrada, en la cual, al declararse el estado de interdicción se aplica la misma consecuencia genérica, cuestión que, se reitera, no es acorde al modelo social ya señalado.

 

Así las cosas, si bien el propio artículo 462 del Código Civil para el Distrito Federal señala que el juez determinará la extensión y límites de la tutela, cabe mencionarse que tal disposición se encuentra relacionada a los actos jurídicos de carácter personalísimo que a consideración del juzgador puede realizar el individuo que posee una diversidad funcional.

 

Es decir, no es suficiente que el juez establezca qué actos de carácter personalísimo puede realizar la persona para aceptar que el modelo legal permite establecer claramente cuál es la naturaleza de la diversidad funcional específica, y así fijar el grado de la discapacidad y las medidas específicas a implementarse.

 

Ello es así, pues en primer lugar, los actos que puede realizar una persona, mismos que repercuten de forma directa en su esfera jurídica, no se pueden reducir a aquellos de carácter personalísimo, pues inclusive, el artículo 537 del Código Civil para el Distrito Federal solamente enumera como tales actos al matrimonio, el reconocimiento de hijos y el testamento.

 

Por tanto, el hecho de que el juzgador determine qué actos personalísimos puede realizar la persona en estado de interdicción, no resulta suficiente para concluir que se establezca un parámetro de limitación a la capacidad de ejercicio acorde a cada caso en concreto.

 

Es por lo anterior que la figura jurídica del estado de interdicción en el Distrito Federal, debe interpretarse como una limitación específica a la capacidad jurídica, misma que se encuentra determinada por la discapacidad involucrada en cada caso en concreto y, por tanto, el nivel de limitación debe encontrar una proporcionalidad acorde a la diversidad funcional de la persona, a partir de lo cual, el juez deberá establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad, sin que tal señalamiento se deba limitar a los actos de carácter personalísimo.

 

En suma, la finalidad de un procedimiento de limitación de capacidad jurídica, conlleva la fijación de las bases de la actuación posible de la persona, así como su integración a la sociedad. Para ello, el juzgador deberá fijar tales límites de forma discrecional, atendiendo como principal factor al grado de discernimiento de la persona.

 

Al respecto, si bien no existe un límite numérico para realizar lo anterior, sí resulta recomendable que la delimitación de actos previamente citada atienda de forma mínima a los siguientes ámbitos: (i) patrimonial, esto es, a la posible independencia socioeconómica; (ii) adaptativa e interpersonal, relativa a la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria; y (iii) personal, en torno a la posibilidad de mantener una existencia independiente en relación con las necesidades físicas más inmediatas –como alimentación, higiene y autocuidado–.

 

Informes sobre los posibles cambios en la discapacidad de la persona.

 

Tal y como se indicó en párrafos precedentes, para que se declare que una persona se encuentra en estado de interdicción, el juzgador deberá constatar que la misma tiene una diversidad funcional que al ponerse en contacto con el medio social, produce una discapacidad.

 

Así, tal constatación deberá ser exhaustiva, acorde a los lineamientos que se expondrán en un apartado subsecuente, tomando en consideración que la capacidad jurídica plena debe ser la regla general, mientras que cualquier limitación a la misma debe ser interpretada de forma restringida, encontrando un debido sustento probatorio

 

Es decir, la determinación de restringir la capacidad de una persona en virtud de una diversidad funcional, debe considerarse como una excepción, a la cual se arribará, solamente cuando sea patente que deban implementarse ajustes razonables a efecto de proteger a la persona en cuestión. En otras palabras, toda persona se presume capaz, a menos de que se acredite una situación en contrario.

 

Debido a lo anterior, la emisión de una sentencia que declara un estado de interdicción no significa que el mismo no pueda ser modificado ante un escenario posterior, pues tal y como lo establece expresamente el artículo 606 del Código Civil para el Distrito Federal, la tutela se extinguirá cuando desaparezca la causa en virtud de la cual se declaró en dicho supuesto jurídico al pupilo. Así, tal limitación a la capacidad de ejercicio deberá subsistir durante el menor tiempo posible, es decir, en el estrictamente indispensable para la protección de la persona.

 

Lo anterior se debe a que la sentencia que limita la capacidad jurídica de una persona, debe poderse modificar acorde a las propias variaciones que sufran las diversidades funcionales, ante lo cual, el juzgador deberá adecuar la situación jurídica de dicha persona con la situación fáctica de la misma, ya sea que ello implique la eliminación de cualquier restricción a la capacidad de ejercicio, o simplemente la modificación del alcance de tales limitaciones.

 

Así, una sentencia que declara un estado de interdicción no es invariable, pues ante el cambio o desaparición de la diversidad funcional, la misma deberá adaptarse al estado físico y mental de la persona, ante lo cual, tal determinación debe ser esencialmente revisable, misma que además es claramente constitutiva y no declarativa, ya que a través de la decisión judicial la persona entra en un nuevo estado en el cual se restringe su capacidad jurídica.

 

Debido a la necesidad de que el juzgador esté en aptitud de realizar las citadas modificaciones al estado de interdicción, es que resultan de gran importancia los exámenes periódicos que se realicen a la persona con discapacidad, pues a partir de los mismos, la autoridad podrá percatarse de algún cambio en la diversidad funcional de la persona y, a partir de ello, realizar los ajustes que estime pertinentes. Es decir, tales informes constituyen el mecanismo idóneo para que el juez decrete un cambio en el estado de interdicción previamente establecido.

 

Sobre tal tópico, el artículo 546 del Código Civil para el Distrito Federal, señala que el tutor deberá presentar en el mes de enero de cada año un informe ante el juzgador correspondiente, en el cual tendrá que exhibir un certificado de dos médicos psiquiatras que declaren acerca del estado de la persona sujeta a interdicción.

 

No obstante, y a efecto de que la interpretación de tal numeral sea acorde al citado modelo social y, en específico, al párrafo cuarto del artículo 12 de la Convención sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que señala que las limitaciones deberán aplicarse en el plazo más corto posible y deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial, es que esta Primera Sala realiza las siguientes precisiones:

 

En primer término, si bien el tutor tiene la citada obligación de presentar en el mes de enero un informe elaborado por dos psiquiatras, ello bajo ningún supuesto implica que la valoración del juzgador se encuentre limitada a dicho documento. Es decir, el juez podrá solicitar informes adicionales –pudiendo requerir a los especialistas que estime pertinentes para tal efecto, como médicos, pedagogos, abogados u otros expertos de cualquier campo del conocimiento–, o alguna aclaración o evaluación del informe presentado por el tutor, ello a efecto de que tenga los elementos suficientes para determinar si el estado de interdicción se conserva en sus términos o sufre alguna modificación. Dicha solicitud de informes, también podrá surgir a petición directa de la persona con discapacidad respecto a la cual surgió el asunto en cuestión.

 

De lo contrario, se generaría un escenario perjudicial para la persona con discapacidad, pues la posible determinación del juzgador sobre algún cambio en la diversidad funcional del caso en concreto, se encontraría limitada a la información presentada por el propio tutor, ante lo cual, la evaluación adolecería de independencia e imparcialidad, tal y como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Lo anterior no exime al tutor de la presentación del citado informe, pues éste es exigido por mandato expreso del Código Civil para el Distrito Federal. Así, el mismo no impide que el juzgador se allegue de los elementos que estime adecuados y suficientes para tomar una determinación informada sobre el estado de interdicción concreto.

 

Adicionalmente, si bien la legislación solamente requiere al tutor para que presente los informes correspondientes en el mes de enero, ello no implica que el juzgador no pueda solicitar los estudios que estime necesarios en cualquier otro momento. Es decir, el artículo 546 del Código Civil para el Distrito Federal solamente consigna una obligación para los tutores, pero no implica una prohibición para que se recaben otros informes en un momento distinto del año.

 

Si bien la obligación legal del tutor de presentar los informes correspondientes es de enorme importancia para que el juzgador pueda valorar el estado de interdicción, no puede considerarse que los mismos sean el único medio para que el juez se allegue de la información pertinente sobre la persona con discapacidad, pues de aceparse tal postura, no solo las modificaciones al estado de interdicción se encontrarían sujetas a la información provista por el tutor, sino que adicionalmente, se llegaría al absurdo de considerar que tales modificaciones solamente puedan ocurrir durante el mes de enero en que se rindan los informes, lo cual, es contrario a la lógica de una institución que limita la capacidad de ejercicio de las personas.

 

Debido a que como ya se ha indicado, el estado de interdicción solamente debe declararse cuando se encuentre acreditado que una diversidad funcional requiere de la implementación de ajustes razonables, ante lo cual, solamente debe limitarse la capacidad de ejercicio por el tiempo estrictamente indispensable, es que resulta importante que el juez tenga las facultades suficientes para recabar la información que estime necesaria para ajustar el nivel de interdicción acorde a la situación fáctica del pupilo.

 

 Tomando en consideración que las diversidades funcionales pueden variar de forma significativa, es que se requiere que el estado de interdicción sea una institución jurídica dinámica, que pueda ser ajustada en los términos en que así lo requiera la protección de la persona con discapacidad, ello a partir de la información de la cual se allegue el juzgador, en especial porque la legislación del Distrito Federal solamente señala expresamente una obligación del tutor para la presentación de los informes, pero de modo alguno implica una limitación para las facultades del juzgador en la materia.

 

Lo anterior no significa que el juzgador deba asumir una postura de investigación oficiosa y constante, sino que al ser de su conocimiento algún indicio de que la diversidad funcional de la persona hubiese variado –tal información podría ser suministrada por el tutor, el propio pupilo, familiares del mismo, e incluso terceras personas–, deberá tomar las medidas que estime pertinentes, a efecto de allegarse de la mayor cantidad posible de información y, en su caso, modificar el esquema de interdicción que previamente había dictado.

 

En suma, la legislación del Distrito Federal no debe interpretarse en el sentido de que la modificación del estado de interdicción de una persona, se encuentre sujeta a los informes presentados por el tutor, sino que en aras de evaluar la verdad material de cada caso en concreto, el juzgador deberá tomar un rol más activo, lo cual se traduce en una mayor protección de la persona con discapacidad, pues tal y como ya se indicó, se debe velar porque la limitación a la capacidad jurídica sea excepcional y por el menor tiempo posible, razón por la cual, la labor del juez en torno a los informes es preponderante.

 

  1. Asistencia en la toma de decisiones.

 

En el presente apartado, es necesario precisar que las instituciones mediante las cuales se regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad –tales como el estado de interdicción– se han clasificado de forma histórica en dos modelos: el modelo de “sustitución en la toma de decisiones” y el modelo de “asistencia en la toma de decisiones.

 

Por lo que ve al modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, mediante el mismo, y una vez que el juzgador ha constatado la existencia de la diversidad funcional del individuo respecto al cual versa el asunto, se decreta que la voluntad de éste sea sustituida por la de alguien más, cuya labor consistirá en tomar las decisiones que representen el mejor interés de la persona cuya protección se le ha encomendado. Al respecto, dicho esquema ha sido identificado de forma tradicional con la institución jurídica del tutor, mismo que se encuentra encargado de adoptar decisiones en torno a la esfera personal y patrimonial de su pupilo.

 

Así, el estado de interdicción establecido en el Código Civil para el Distrito Federal parece circunscribirse dentro del modelo señalado previamente, en la medida en que el tutor que en su caso se designe, tendrá como obligaciones velar por el cuidado del pupilo, al cual representará y administrará sus bienes. Adicionalmente, dicha legislación solamente señala que el pupilo deberá ser consultado cuando los actos que pretenda realizar el tutor sean de importancia para la administración de tales bienes, siempre y cuando sea capaz de discernimiento y mayor de 16 años.

 

Por su parte, el modelo de “asistencia en la toma de decisiones” implica un cambio de paradigma en la forma en que los Estados suelen regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues mediante el mismo, la persona puede ser ayudada para adoptar decisiones, pero es ésta quien en última instancia toma las mismas. Es decir, la libertad de elección se protege y se garantiza por el juzgador acorde al grado de diversidad funcional que posee la persona de cada caso en concreto, fomentando así su participación y la asunción de responsabilidades.

 

En tal sentido, el esquema contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, precisamente consagra el modelo asistencial antes referido, ello en la medida en que indica que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual será en igualdad de condiciones que los demás, debiéndose asegurar que se respeten los derechos, la voluntad y preferencias de quien posee la diversidad funcional.

 

De lo anterior se desprende que la manera en que ha sido concebida la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal, no resulta acorde al modelo de “asistencia en la toma de decisiones” que consagra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual conduciría a una conclusión preliminar de que el valor instrumental sometido a estudio no es razonable, en virtud de la forma desproporcional en la que limita a las personas con discapacidad.

 

Sin embargo, tal y como se adelantó, esta Primera Sala estima que es posible interpretar la legislación del Distrito Federal acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

En efecto, acorde al modelo social de discapacidad, la determinación judicial que limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la autodeterminación libre de la persona, pues de lo contrario nos encontraríamos frente a un esquema de “sustitución en la toma de decisiones”, lo cual no sería adecuado en términos del instrumento internacional antes citado. Así, no debe confundirse el principio de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de que la persona con discapacidad decida qué es lo que le beneficia, situación que redunda de forma directa en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad propia.

 

Tradicionalmente, las instituciones de limitación a la capacidad jurídica de las personas, han tenido como único parámetro las capacidades cognitivas del individuo en cuestión. Ello ha provocado que la posibilidad de que las personas ejerzan de forma plena su capacidad jurídica, se encuentre determinada por lo “acertado” de las decisiones. Sin embargo, no debe restringirse la capacidad jurídica de una persona solamente porque la misma ha tomado una opción que la generalidad de la sociedad pudiese considerar o calificar como “no acertada”.

 

Por tanto, mediante la adopción del modelo de “asistencia en la toma de decisiones”, la persona no debe renunciar al derecho a tomar sus propias decisiones, respetándose así su libertad de elección, ello mediante la asistencia en la toma de las mismas. Es decir, dicho modelo provoca que en el centro de las decisiones relativas a las personas con discapacidad, se encuentre la voluntad del individuo cuya capacidad ha de limitarse. Así, el modelo atiende a la labor que tiene el Estado de proporcionar a las personas con discapacidad los escenarios idóneos a través de los cuales puedan externar su voluntad, misma que deberá respetarse.

 

Sin embargo, debe señalarse que tal ayuda en la toma de decisiones no atiende a un modelo único, sino que deberá ser fijada por el juzgador en el caso en concreto, mediante el establecimiento de diversos grados de asistencia, ello en base a las diversidades funcionales de la persona en cuestión. Así, el juez podrá delimitar los alcances de la relación entre el individuo que asistirá en la toma de decisiones y la persona con discapacidad, para lo cual, atenderá de forma primordial a lo más benéfico para esta última.

 

Al respecto, es necesario precisar que las intervenciones en la voluntad de las personas con discapacidad deberán ser lo menos restrictivas posibles, favoreciendo aquellos esquemas que permitan en mayor grado la toma de decisiones y, por tanto, la mayor autotutela posible.

 

Lo anterior no implica que no puedan existir escenarios en los cuales, el juzgador, una vez analizadas las diversidades funcionales de la persona y, por tanto, las discapacidades involucradas en el caso en concreto, determine que la asistencia en la toma de decisiones no es suficiente para asegurar la protección y el bienestar de quien tiene la discapacidad, ante lo cual, deberá nombrarse a alguien que tome las decisiones en lugar de la misma –por ejemplo, ante la presencia de una falta de autonomía mental severa que impida a la persona expresar su voluntad por cualquier medio–.

 

Sin embargo, cabe señalarse que tales escenarios no implican que se retome de forma generalizada el modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, pues los mismos se convierten en la excepción del esquema asistencial –por ejemplo, escenarios en los cuales la persona con discapacidad se ponga en riesgo a sí misma–, ante lo cual, estos casos deberán sujetarse a un mayor escrutinio por parte del juzgador.

 

Adicionalmente, debe tomarse en consideración que si se decreta un escenario excepcional de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, las decisiones que se adopten deberán reflejar el mejor interés para la misma, ante lo cual, la revisión que realice el juzgador de tales acciones deberá ser más rigurosa.

 

En torno a la voluntad de la persona con discapacidad, la única mención al respecto con la que cuenta el Código Civil para el Distrito Federal, es la prevista en la fracción IV del artículo 537, en la cual se indica que el tutor administrará los bienes del pupilo, mismo que deberá ser consultado para actos importantes de administración cuando sea capaz de discernimiento y mayor de 16 años.

 

Como se observa, tal disposición no resulta suficiente para concluir que las decisiones de la persona con discapacidad sean el punto de referencia en el estado de interdicción interpretado de forma tradicional, toda vez que tal voluntad se encuentra referida a actos que afecten de forma importante la administración de los bienes –la calificativa de qué actos resultan “importantes” recae en el tutor, mismo que realiza la consulta, y podría reducir los supuestos en los cuales lleva a cabo la misma–, y solamente se actualiza el supuesto cuando el pupilo es mayor de 16 años.

 

Adicionalmente, dicho numeral no consagra un modelo de “asistencia en la toma de decisiones”, ya que la voluntad del pupilo es consultada por el tutor, pero ello de ninguna forma implica que las decisiones que se tomen en última instancia deban referirse o ser acordes a lo externado por la persona con discapacidad, esquema que es propio del modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, mismo que como ya se ha indicado, no es coincidente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Sin embargo, el hecho de que exista la previsión legal antes señalada, no impide que el esquema del estado de interdicción existente en el Distrito Federal pueda ser interpretado acorde al modelo social de discapacidad, a efecto de que la voluntad de la persona en estado de interdicción se convierta en el punto de referencia de todas las decisiones que se adopten, debiéndosele asistir para que sea capaz de tomar las mismas por sí solo.

 

Debido a lo anterior, acorde al sistema de estado de interdicción previsto en el Distrito Federal, a pesar de que se hubiese decretado la limitación a la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, ésta goza de su derecho inescindible de manifestar su voluntad, misma que deberá ser respetada y acatada, a pesar de que la misma no se estime “adecuada” acorde a los estándares sociales. Al respecto, el tutor tendrá como función asistirle en la toma de las decisiones correspondientes, pero no podrá sustituir su voluntad.

 

Así, tal voluntad de la persona con discapacidad será el núcleo esencial que se le habrá de garantizar, misma que constituirá el punto de referencia de todas las decisiones que se adopten. Por tanto, el estado de interdicción ya no puede ser interpretado como una institución en la cual el tutor sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, sino que ahora deberá asistirla para que ésta tome sus propias decisiones y asuma las consecuencias de las mismas, ello en aras de incentivar la autonomía de la persona.

 

Sin embargo, los efectos que genere la voluntad de quien tiene una diversidad funcional deberán ser proporcionales al grado de discapacidad del individuo, pues cuando éste no pueda externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá tomar las decisiones por él, pero tales escenarios serán excepcionales, estarán sujetos a un mayor escrutinio judicial, y las decisiones que se adopten deberán buscar el mayor beneficio para el pupilo.

 

En consecuencia, toda vez que una mayor protección de la persona con discapacidad no debe traducirse en una mayor restricción para que la misma exprese y se respete su voluntad, es que el estado de interdicción debe concebirse como una institución de asistencia para que la persona tome sus propias decisiones, mismas que deberán respetarse, incluso cuando pudiesen considerarse no acertadas, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Lineamientos para la constitución del estado de interdicción.

 

Por otra parte, las directrices desarrolladas previamente no solamente deben emplearse por el juzgador una vez que se decrete el estado de interdicción, sino que también son aplicables a lo largo del procedimiento en virtud el cual se arriba a tal conclusión.

 

Al respecto, debe hacerse notar que acorde al artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el trámite respectivo se encuentra constreñido en gran medida a las comparecencias de los psiquiatras, los cuales evalúan a la persona con discapacidad en dos audiencias distintas, a partir de lo cual emiten un dictamen, por lo que generalmente –a menos de que exista oposición de los familiares o del Ministerio Público–, el juzgador declara el estado de interdicción a partir de lo señalado en tales audiencias.

 

Sin embargo, toda vez que ante la presencia de una diversidad funcional que lo justifique, la labor del juzgador consiste en diseñar una limitación a la capacidad de ejercicio que sea proporcional a la discapacidad concreta de la persona, es que la resolución que se emita no puede encontrarse limitada por la información proporcionada por tales psiquiatras, sino que el juez deberá requerir la información y dictámenes que estime necesarios, a efecto de conocer de forma integral la diversidad funcional, sus alcances y su desenvolvimiento social.

 

Cabe señalarse que tal información no necesariamente estará referida a aspectos médicos, pues si bien se podrán solicitar dictámenes de especialistas de otras áreas de la salud, debido a la naturaleza social de las discapacidades, el juzgador deberá allegarse de datos de otros ámbitos, tales como la pedagogía e incluso la ciencia jurídica. 

 

Es decir, en virtud de que el objetivo del procedimiento de interdicción es conocer la verdad material de una discapacidad y a partir de ello, en su caso, limitar la capacidad de ejercicio, es que la información con la que cuente el juzgador deberá ser la mayor posible y, adicionalmente, deberá ser integral, es decir, de diversas materias y ámbitos de especialización

 

Por otra parte, y en aras de que el juzgador se allegue de la mayor cantidad de elementos para dictar su resolución, se torna indispensable que permita que la persona con discapacidad externe su opinión sobre el juicio correspondiente. Sin embargo, la participación de tal persona no se deberá limitar a lo anterior, sino que además, es fundamental que el juzgador tenga contacto directo con la misma, esto es, la evaluación directa del juzgador es un elemento clave en las diligencias correspondientes.

 

Lo anterior es así, pues si bien la información que rindan los especialistas es de suma importancia, así como la opinión que emita la persona con discapacidad, lo cierto es que la resolución que en su caso se emita contendrá la valoración discrecional del juzgador de la diversidad funcional y, por tanto, las medidas que estime pertinentes en torno a la autotutela del individuo, ante lo cual, es indispensable que el juzgador tenga un contacto directo con el mismo.

 

Tal interacción entre el juzgador y la persona con discapacidad deberá realizarse bajo una serie de pláticas que sostengan entre sí, en las cuales el juzgador abordará distintos temas, a partir de los cuales podrá evaluar de forma directa la diversidad funcional, ello mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable.

 

Por otra parte, y en aras de que a lo largo del procedimiento se protejan los intereses y la voluntad de la persona con discapacidad, previa consulta que el juzgador le realice, se podrá permitir que una persona de su confianza asista a la misma durante el trámite respectivo

 

Sin embargo, tal asistencia solamente podrá decretarse si así lo desea la persona con discapacidad, y deberá ser en exclusiva alguien que ésta elija, pudiendo ser algún familiar (distinto a sus progenitores o parientes más cercanos), algún individuo con el que cuente con lazos de amistad, e incluso un especialista en derecho, siempre y cuando sea voluntad expresa de la persona con discapacidad. Lo anterior resulta así, pues el juzgador deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento sea lo menos perturbador posible, pues solamente bajo tal escenario la persona con discapacidad podrá sentirse cómoda para manifestar su voluntad de forma libre.

 

En suma, acorde al modelo social de discapacidad la limitación a la capacidad de ejercicio será la excepción, ante lo cual, una decisión de tal índole deberá encontrar un sustento fáctico suficiente, por lo que el procedimiento de interdicción no debe ser considerado un trámite en el que simplemente se constate una diversidad funcional y se decrete la referida limitación, sino que es un procedimiento jurisdiccional en el que se deben recabar elementos probatorios para su posterior contraste cuidadoso y reflexivo, en el cual, el juzgador tendrá como pauta primordial la búsqueda de la verdad material sobre la discapacidad.

 

Las anteriores pautas son acordes al derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que indica que los Estados deberán realizar ajustes a los procedimientos para facilitar que la participación directa de las personas con diversidades funcionales sea efectiva.
  

Directrices para la interpretación del estado de interdicción en el Distrito Federal.

 

A partir de lo expuesto con anterioridad, es que esta Primera Sala estima que el régimen del estado de interdicción en el Distrito Federal y su correspondiente tutela, son válidos en tanto se interpreten de conformidad con el modelo social consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con los derechos fundamentales contenidos en la misma, ello acorde a las directrices contenidas en la presente sentencia, mismas que se enumeran a continuación:

 

  1. El estado de interdicción es una institución en virtud de la cual, el juzgador está en aptitud de fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad de la persona, atendiendo a las diversidades funcionales del caso en concreto.  
  2. El juez establecerá en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir el tutor para otorgarle asistencia, sin que tal señalamiento se deba limitar a los actos de carácter personalísimo. 
  3. Se deberá buscar que las restricciones sean las menos posibles, y que aquellas que se implementen sean las estrictamente indispensables para la integridad física y mental de la persona, en aras de propiciar el escenario de mayor autotutela posible. 
  4. La capacidad jurídica plena debe ser la regla general, mientras que cualquier limitación a la misma debe ser interpretada de forma restringida, siempre con el debido sustento probatorio. 
  5. La limitación a la capacidad de ejercicio deberá subsistir durante el menor tiempo posible, es decir, en el estrictamente indispensable para la protección de la persona. 
  6. Ante un cambio o desaparición de la diversidad funcional, la sentencia que declare un estado de interdicción deberá adaptarse al estado físico y mental de la persona.  
  7. El juez podrá solicitar informes adicionales a los presentados por el tutor, o pedir alguna aclaración o evaluación sobre los mismos, a efecto de que tenga los elementos suficientes para determinar si el estado de interdicción se conserva en sus términos o sufre alguna modificación.  
  8. Cuando sea del conocimiento del juez algún indicio de que la diversidad funcional de una persona hubiese variado, deberá tomar las medidas que estime pertinentes, a efecto de allegarse de la mayor cantidad posible de información y, en su caso, modificar el esquema de interdicción previamente decretado.  
  9. A pesar de que se hubiese decretado la limitación a la capacidad jurídica de una persona, ésta podrá manifestar su voluntad, misma que deberá ser respetada y acatada. Al respecto, el tutor tendrá como función asistirle en la toma de las decisiones, pero en el centro de las mismas se encontrará la voluntad del individuo cuya capacidad ha de limitarse.  
  10. Los efectos que genere la voluntad de quien tiene una diversidad funcional será proporcionales al grado de discapacidad del individuo, pues cuando éste no pueda externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá tomar las decisiones por él, pero tales escenarios serán excepcionales y estarán sujetos a un mayor escrutinio judicial.  
  11. Durante el procedimiento de interdicción, el juez requerirá la información y dictámenes que estime necesarios, sin que la misma se limite a las áreas de la salud, sino que deberá allegarse de datos de otros ámbitos, ello para estar en aptitud de conocer la verdad material de la discapacidad. Es decir, la información deberá ser la mayor posible y, adicionalmente, tendrá que ser integral.  
  12. El juez deberá permitir que la persona con discapacidad externe su opinión sobre el juicio correspondiente, pero además, es fundamental que tenga contacto directo con la misma, a través de una serie de pláticas que sostengan entre sí, en las cuales el juzgador abordará distintos temas, a partir de los cuales podrá evaluar de forma directa la diversidad funcional, ello mediante un lenguaje accesible y una dinámica afable.  
  13. Finalmente, a lo largo del procedimiento y previa consulta que el juzgador realice, se podrá permitir que quien tiene una diversidad funcional sea asistido por una persona de su confianza. Sin embargo, tal asistencia solamente podrá decretarse si así lo desea la persona con discapacidad, y deberá ser en exclusiva alguien que ésta elija.

 

Es en estos términos como deben ser interpretados los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como el régimen jurídico del estado de interdicción que dicha legislación contempla.

 

En este punto, esta Primera Sala reitera que la supremacía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, no solamente se manifiesta en la aptitud de servir de parámetros de validez de las demás normas jurídicas, sino también en la interpretación de las mismas de acuerdo a tales derechos. Dicha interpretación conforme tiene como finalidad la concepción de un ordenamiento coherente y opera antes de considerar a una norma como constitucionalmente inválida, pues tal supuesto solamente debe emplearse cuando exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y el parámetro de validez conformado por los derechos fundamentales.

 

Tal y como ya se asentó en la presente sentencia, dicha interpretación conforme se ve reforzada por la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, en virtud de la cual, el principio pro persona, contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios, en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

 

Debido a las anteriores razones, es que esta Primera Sala estima que lo procedente a realizarse en el presente asunto, consiste en llevar a cabo una interpretación conforme, y no un pronunciamiento de inconstitucionalidad de las disposiciones combatidas por el quejoso en su demanda de amparo.

 

Es necesario recordar que el quejoso solamente combatió dos artículos del Código Civil para el Distrito Federal, a saber, los numerales 23 y 450, fracción II, mismos que establecen el concepto de incapacidad legal. Así, un eventual pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de tales disposiciones, hubiese tenido como consecuencia la inaplicación de las mismas en el presente asunto, pero a partir de tal determinación no se hubiese podido establecer un criterio en torno al procedimiento para la declaración del estado de interdicción y la naturaleza del sistema de tutela.

 

Por el contrario, la solución contenida en la presente sentencia, permite la interpretación de todo el sistema del estado de interdicción, ya que al buscar que las disposiciones combatidas conformen un sistema normativo coherente, esta Primera Sala estuvo en la aptitud de fijar lineamientos para la aplicación de tal conjunto de disposiciones, lo cual englobó a los aspectos procesales para la determinación del estado de interdicción, así como las funciones de los tutores.

 

Tales lineamientos se traducen en una mayor protección, no solo para el quejoso, sino para las personas con discapacidad que eventualmente podrían ser sometidas a un procedimiento de estado de interdicción. Así, acorde al principio pro persona, en el presente caso la interpretación conforme conlleva una mayor protección, razón por la cual, esta Primera Sala estima que lo procedente es preferir tal alternativa y no una declaración de inconstitucionalidad.

 

Adicionalmente, se estima que dicha interpretación conforme es posible en el presente asunto, pues las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal válidamente pueden armonizarse con los valores contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin que ello implique un ejercicio exacerbado de tal facultad, pues si bien la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal fue concebida bajo un modelo de discapacidad que ya ha sido superado –modelo médico o rehabilitador–, ello no constituye un obstáculo infranqueable para que sus disposiciones se adecúen a nuevos esquemas contenidos en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. 

 

Estimar lo contrario, implicaría caer en el absurdo de que instituciones jurídicas concebidas bajo ciertos valores, no pueden ser interpretadas bajo nuevos paradigmas constitucionales e internacionales, lo cual conllevaría a la concepción de un sistema jurídico solamente dinámico ante reformas legales, y no frente a interpretaciones jurisdiccionales, lo cual claramente es contrario al principio pro persona que consagra nuestra Constitución.

 

Finalmente, es evidente que la presente resolución no limita en absoluto las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que la misma realice las reformas que estime necesarias al Código Civil y, en específico, al estado de interdicción. 

 

Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ejercer sus funciones como garante último de los derechos fundamentales, sin asumir que el órgano legislativo correspondiente en algún momento tendrá que llevar a cabo una reforma, ya que un escenario en el cual dicho órgano no ejerciera sus atribuciones tendría como consecuencia una vulneración a los derechos fundamentales. En consecuencia, las sentencias emitidas por este Alto Tribunal, no pueden sujetarse a escenarios hipotéticos de acción legislativa, pues ello implicaría desconocer su naturaleza como Tribunal Constitucional.

 

 

IX. EFECTOS

 

En virtud de los anteriores argumentos, lo procedente es revocar la resolución recurrida, ordenándose la devolución de los presentes autos al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, a efecto de que deje sin efectos la resolución emitida el 20 de agosto de 2008, y se reponga el procedimiento, no solo para que se llame a juicio a RACR con la intención de que el mismo alegue lo que a su derecho convenga, sino también a efecto de que el procedimiento respectivo se realice bajo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, y la resolución que posteriormente se dicte en torno a la discapacidad del mismo y al posible estado de interdicción que ello genere, se ajuste a los lineamientos señalados en el apartado que antecede y, en especial, a los valores del modelo social de discapacidad.

 

Finalmente, y tomando en consideración que los argumentos analizados resultaron fundados, ante lo cual lo conducente es conceder el amparo, es que se torna innecesario analizar el resto de agravios expresados por el quejoso en su escrito de recurso de revisión, incluido el séptimo agravio, en el cual solicitó que no se empleara la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, toda vez que tal suplencia de sus argumentos fue necesaria para arribar a la conclusión contenida en la presente sentencia, razón por la cual tampoco se emprenderá el análisis de tal agravio.

 

En efecto, y contrario a lo señalado por el recurrente, la suplencia de la queja no es una figura jurídica que implique un menoscabo en la dignidad de la persona, ni permite una variación de la litis constitucional, pues la misma es una herramienta de la cual debe disponer el juzgador para estar en aptitud de analizar un asunto, a pesar de la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos, ello para no encontrarse limitado por una litis cerrada, en la cual se tendría que constreñir a lo alegado por las partes.

 

Así, la Ley de Amparo aplicable al presente asunto enumera en su artículo 76 bis los supuestos en los cuales es procedente dicha suplencia de la queja, entre los que se encuentran: (i) en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte; (ii) en materia penal, incluso ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del reo; (iii) en materia agraria; (iv) en materia laboral, a favor del trabajador; (v) en favor de los menores de edad o incapaces; y (vi) en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa.

 

Tal y como se puede advertir, el legislador diseñó una serie de escenarios en los cuales, debido a los derechos involucrados, o a la posición de “desventaja” procesal de alguna de las partes, se justifica que el análisis del juzgador no se limite a lo señalado por quienes intervienen en el procedimiento jurisdiccional respectivo.

 

En virtud de lo anterior, es que la suplencia de la queja no puede considerarse como una institución transgresora de la dignidad de las partes respecto a las cuales se permite, sino como una herramienta con la cual cuenta el juez para analizar de forma integral un asunto y así, emitir un fallo que no se encuentre constreñido a la deficiencia en los planteamientos de quienes intervinieron en el procedimiento.

 

Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RACR, en contra de la autoridad y acto precisados en el primer apartado de esta ejecutoria.

 

TERCERO. Devuélvanse los autos relativos al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, para los efectos precisados en el apartado noveno de esta ejecutoria.

 

Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto particular.

 

Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA:

 

 

 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

 

 

PONENTE:

 

 

 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

 

 

 

SECRETARIO DE ACUERDOS

DE LA PRIMERA SALA:

 

 

 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

 

Esta hoja forma parte del Amparo en Revisión 159/2013, promovido por RACR, fallado el día dieciséis de octubre de dos mil trece, en el sentido siguiente:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RACR, en contra de la autoridad y acto precisados en el primer apartado de esta ejecutoria.

TERCERO. Devuélvanse los autos relativos al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, para los efectos precisados en el apartado noveno de esta ejecutoria.- Conste.

 

 

En términos de lo previsto en los artículos 3° fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadran en esos supuestos normativos.

 

* Fuente SCJN

 

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